Someter la ley general de comunicación social a la constitución

Abstract

La nueva Ley General de Comunicación Social constitutiva del corazón del “Plan B” para ejecutar la Reforma Electoral solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada el 27 de diciembre de 2022 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para entrar en plena vigencia de aplicación jurídica. Ante este hecho emergieron decenas de objeciones de múltiples sectores institucionales plasmadas como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por considerar que la reglamentación viola la Constitución Política Mexicana, altera los principios de neutralidad y equidad, transgrede la autonomía de la autoridad electoral y contenía vicios de procedimiento legislativo. Dicha situación ocasionó la acumulación de más de 140 impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues impediría la realización de elecciones limpias, transparentes e imparciales, atentando severamente contra la democracia, convirtiendo el “Plan B” en la iniciativa más impugnada en toda la historia del Congreso mexicano. Debido a ello, tal normatividad fue suspendida el 24 de marzo de 2023 por el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, ya que la nueva legislación no solo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación que pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos, especialmente en materia de garantías electorales de la ciudadanía.