Resumen
Después de haber sido aprobada y publicada la nueva Ley General de Comunicación Social (LGCS) del “Plan B” para impulsar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta se convirtió en la iniciativa jurídica más impugnada históricamente dentro del Poder Judicial por la premura con la que fue autorizada en el Congreso de la Unión por la gran cantidad de violaciones a la Constitución Política Mexicana y por sus posibles repercusiones sobre el diseño institucional para organizar los comicios en el país. Ante ello, diversas entidades demandantes contra el “Plan B” solicitaron al Poder Judicial de la Federación que esta normatividad se declarara ilegal y quedara sin efectos la reforma electoral presidencial.