Resumen
Después de la aprobación de la reforma electoral, los monopolios de la comunicación electrónica teóricamente ya no podrían explotar económica ni políticamente las fases de contiendas políticas, pues el Instituto Federal Electoral (IFE) sería el único organismo autorizado por la ley para determinar la forma en que podían utilizarse los tiempos oficiales en los medios electrónicos. Frente a esta nueva realidad y aprovechando los vacíos regulatorios que dejó dicha reforma, los grandes concesionarios de la radiodifusión implementaron astutas vías propagandísticas y estrategias publicitarias contrainstitucionales para rebasar la normatividad electoral, reconquistar sus tradicionales business electrónicos y retomar las rentables ganancias económicas que anteriormente dejaba el chantaje a los partidos políticos.