Abstract
Después de una muy larga espera de la sociedad mexicana por casi 94 años en materia de radio y 64 años en el ámbito de la televisión para actualizar el marco normativo de la comunicación colectiva; la "Reforma Constitucional a las Telecomunicaciones y la Radiodifusión" logró colocar las bases jurídicas para formar un nuevo modelo de comunicación para la radiodifusión nacional que recuperó muchas de las demandas centrales que los sectores democráticos y críticos exigieron durante mucho tiempo. Desde el punto de vista social uno de los aspectos relevantes que se lograron fue la aceptación jurídica de las garantías comunicativas de los ciudadanos, conocidas como los derechos de las audiencias, que asombrosamente durante muchas décadas no fueron considerados por el Estado, ni por las empresas de radiodifusión privadas y públicas.