El boicot al derecho de réplica por el Estado mexicano

Abstract

Después de que en 2013 la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión exigió considerar el derecho de réplica como una garantía ciudadana, el 13 de octubre de 2015 dicho derecho fue reglamentado por el Congreso de la Unión con el apoyo del PRI, el PVEM y la mayor parte del PAN. Sin embargo, al normar tal derecho, el Congreso de la Unión produjo un gran fraude jurídico contra la sociedad, pues la partidocracia impidió que los ciudadanos alcanzaran una verdadera garantía de respuesta ante los recurrentes abusos de los poderes mediáticos sobre ellos. Así, dicha normatividad fue un traje hecho a la medida para defender los intereses monopólicos de las televisoras y de los grandes grupos radiofónicos, y no un instrumento útil para favorecer a la ciudadanía que había esperado casi un siglo para alcanzar tal garantía elemental. Con ello, el Congreso demostró someterse nuevamente a los poderes fácticos del duopolio televisivo y reglamentar viciosamente una garantía constitucional fundamental de los ciudadanos del siglo XXI, como una herramienta para proteger los intereses económicos oligopólicos de los megaconsorcios audiovisuales en el país, y no como un recurso relevante para resguardar las garantías comunicativas básicas de la sociedad.