Abstract
Tres años después de aprobarse la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión, el 11 de junio de 2013 por el Congreso de la Unión, se reconocen avances positivos alcanzados en el ámbito económico-empresarial en esta materia. Sin embargo, no obstante el éxito de tales logros, puede sostenerse que todos ellos favorecieron al modelo dominante de negocio de las telecomunicaciones ya existente en el país, al permitir realizar más business con la incorporación de las innovaciones que introdujo la reforma. Los apoyos o ganancias tecnológicas que recibió la población fueron a cambio de contratar los servicios a empresas monopólicas de la comunicación que los proporcionaron.