Abstract
No obstante haberse aprobado la “Ley Televisa” por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante más de un año, fue sólo el Poder Judicial de la Federación, vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que cobró conciencia del gravísimo error cometido por los dos poderes anteriores y detuvo el avance de dicha normatividad anticonstitucional a partir de la rigurosa aplicación de la filosofía de la Constitución mexicana. Con ello colocó el mandato de la Constitución mexicana por encima de los intereses de los poderes fácticos informativos que ya la habían rebasado con exceso, cinismo, impunidad y prepotencia desde hace varias décadas y contribuyó significativamente a recolocar nuevamente a principios del nuevo milenio al Estado-nación como instancia rectora de proceso de comunicación del país frente a las fuerzas monopólicas de la posmodernidad tecnológica y política.