La creación de un extenso tejido normativo por los diversos órganos legales del Estado mexicano sobre la comunicación político electoral, aparentemente canceló la fuerte presión ejercida por los monopolios mediáticos y otros poderes fácticos para impedir que los actores políticos quedaran subordinados a los intereses de los grandes consorcios de la radiodifusión y cancelar el respaldo ilegal de las fuerzas mediáticas hacia figuras políticas, a cambio de recibir futuros beneficios económicos, políticos, jurídicos y culturales, una vez que éstos ganaran las elecciones a los diversos cargos de representación nacional.
