Abstract
En el 2015 el gobierno mexicano definió las nuevas reglas en materia de contenidos y criterios de clasificación que deben observar todos los concesionarios que presten servicios de radiodifusión en México. Mediante ello, se transformaron los criterios de transmisión que durante cuatro décadas se habían aplicado en las tres reglamentaciones anteriores en esta materia y se introdujo otro marco jurídico más laxo y permisible para difundir la información de “entretenimiento” y “comercial” de las industrias culturales electrónicas audiovisuales sobre la sociedad, especialmente hacia los auditorios infantiles y juveniles. Todo ello ocasionó diversas consecuencias muy perjudiciales para la sana formación psico-social de las nuevas generaciones y para el desarrollo virtuoso de la sociedad mexicana en el siglo XXI.