El ‘Plan B’ y la formación comunicativa del estado proselitista

Abstract

Frente al rechazo en el Congreso de la Unión en el año 2022 para aprobar la iniciativa constitucional de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario estableció el Plan B de reforma electoral compuesto por un paquete de modificación a seis leyes secundarias: la Ley General de Procesos e Instituciones Electorales; Ley General de Partidos Políticos; Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las primeras dos leyes aprobadas vía fast track del “Plan B” fueron la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas vinculadas con la “propaganda gubernamental”, que contribuyeron a crear otro marco jurídico para realizar de una forma distinta los procesos electorales en México. No obstante, algunas mejoras alcanzadas con la nueva Ley General de Comunicación Social, tal marco jurídico también encerró muchos retrocesos muy relevantes y preocupantes que violaron múltiples preceptos constitucionales y de otras leyes secundarias con objeto de convertirse en una normatividad “a modo” para beneficiar a los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación en turno y no al fortalecimiento del proceso democrático de la sociedad mexicana.