Abstract
La iniciativa para reordenar el gasto publicitario del Estado bajo criterios de austeridad, equilibrio, transparencia y pluralidad, no sólo es una urgente acción administrativa que debe establecerse por el poder público; sino lo fundamental es que representa una pieza central de las diversas facetas que conformarán la nueva relación del Estado con los medios de comunicación para superar la vieja vinculación de contubernio e intercambio mutuo de favores existente entre la clase política y el empresariado mediático del país.