Abstract
La creación de un extenso tejido normativo por los diversos órganos legales del Estado mexicano sobre la comunicación político electoral, aparentemente canceló la fuerte presión ejercida por los monopolios mediáticos y otros poderes fácticos para impedir que los actores políticos quedaran subordinados a los intereses de los grandes consorcios de la radiodifusión y cancelar el respaldo ilegal de las fuerzas mediáticas hacia figuras políticas, a cambio de recibir futuros beneficios económicos, políticos, jurídicos y culturales, una vez que éstos ganaran las elecciones a los diversos cargos de representación nacional.