La publicidad gubernamental en el régimen de la Cuarta Transformación nacional

Abstract

No obstante que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exigió al Poder Legislativo que antes de concluir el periodo ordinario de la LXV Legislatura elaborara una nueva “Ley General de Comunicación Social” que subsanara suficientemente las obligaciones relativas a la distribución de la publicidad gubernamental establecidas en la Reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión de 2014, el Congreso de la Unión no cumplió con tal obligación. Dicho desacato permitió que continuara la vigencia de la tóxica “Ley Chayote” convirtiéndose en un acto intencional de rebeldía político-institucional contra la naturaleza medular del Estado republicano, fundamento histórico de la nación mexicana. Por ello, es fundamental que la sociedad civil demande al Congreso de la Unión que abrogue la actual Ley general de comunicación social y prepare un nuevo marco jurídico que no repita los vicios de la “Ley Chayote”, sino que cumpla con los preceptos constitucionales básicos de defensa a la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos de las audiencias, etcétera, especialmente en un contexto tan fragmentado y polarizado como el que se vive en el país.